Uchuraccay, a 29 años de la masacre
Para conmemorarlos en el aniversario de sus muertes, hoy se realizó una ceremonia en el cementerio El Ángel. Al evento asistieron miembros de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, deudos y la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza.
El 26 de enero de 1983 unos cuarenta comuneros asesinaron a ocho periodistas peruanos de diversos periódicos nacionales, que habían llegado a investigar una masacre cometida por la organización terrorista Sendero Luminoso en un municipio vecino. El guía y un lugareño fueron otras dos víctimas del linchamiento cometido por los campesinos, que tomaron a los periodistas por miembros de Sendero Luminoso, ya que temían una represalia senderista por un previo enfrentamiento (fotografías captadas por Willy Retto, uno de los asesinados, y encontradas tres meses después de la masacre, desmienten esto y demuestran que los periodistas convivieron amistosa y pacíficamente con los comuneros). Además, los comuneros, que vivían en constante pánico por el acoso de los terroristas, siguieron los consejos de los ’’sinchis’’, un cuerpo antiterrorista de la Guardia Civil, para que mataran a todos los forasteros viniendo por tierra, quienes serían terroristas, ya que ellos mismos, la policía, vendrían por aire (en helicópteros). Los periodistas, no pudieron hacerse entender, a pesar de que había dos quechuahablantes.
Una comisión investigadora convocada dos semanas después del suceso por el presidente Fernando Belaúnde Terry y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa constató la autoría de los comuneros y explicó el crimen por deficiencias civilizadoras de parte de los indígenas. El Informe Vargas, que así fue llamado, aceptó la versión del mando militar de la zona el cual aseguraba que los informadores fueron ejecutados por los propios comuneros de Uchuraccay quienes los habían confundido con “terroristas” porque, entre otras cosas, portaban una “bandera roja” (sic). No encontró corresponsabilidad en los "sinchis". En un juicio efectuado a la más elevada instancia tres de los comuneros fueron condenados a quince años de reclusión.
Sin embargo las afirmaciones contenidas en el Informe Vargas-que el autor vendió como artículo a la prensa estadounidense y europea- fueron desechadas por los familiares de las víctimas y luego por la justicia peruana que actuó luego de sortear las vallas impuestas por los militares. En noviembre de 1984, el juez Ventura Huyhua, que tomó el caso, decidió enjuiciarlo y no sólo desmintió a Mario Vargas LLosa sino que asimismo lo encarceló en la ciudad de Ayacucho. El detenido clamó que había sido vejado… Vargas fue defendido por el presidente Belaúnde y algunos parlamentarios, mas en réplica, Mario Cavalcanti, abogado de los familiares de los asesinados, pidió que se le enjuiciara también “por haber iniciado una campaña de desprestigio en contra de los jueces y pretender así, intimidar al tribunal que investiga el crimen cometido en Uchuraccay”. El seis de diciembre de 1984 la Corte Suprema respaldó al tribunal.
Durante los meses que siguieron al asesinato de los periodistas, 135 lugareños, entre ellos 57 mujeres, fueron masacrados. La mayoría de ellos a consecuencia de incursiones senderistas cometidas sobre todo en días festivos cuando la población estaba concentrada en el centro de la aldea. Pero también el acoso de los militares y paramilitares y la fuerte represión cobraron numerosas vidas. En el curso del año 1984 los lugareños sobrevivientes abandonaron completamente Uchuraccay y se refugiaron en la selva, en municipios vecinos y en Lima. En octubre de 1993, parte de la aldea se refundó en nuevas casas erigidas a cierta distancia de la ubicación anterior.
